INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER HONDA

Nosotrashttp://www.tucarro.com.co/ford-sport-trac-TCI.html, LILIA DE JESÚS COSSIO DE HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía N° 28'781.759; LUZ ANGELA LARA CORREDOR cédula de ciudadanía N° 51'726.820 y FANNY ELIZABETH MEJÍA RESTREPO con cédula de ciudadanía N° 28'812.799 estudiantes del Programa ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA RECREACIÓN ECOLÓGICA de la Fundación Universitaria Los Libertadores en convenio con CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN A DOCENTES CENCAD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, autorizamos a la Institución que en caso de considerarlo pertinente por su excelente calidad académica e investigativa, pueda divulgar a través de su Biblioteca Virtual, a la comunidad educativa el trabajo de Grado titulado "DESARROLLO DE ACTITUDES Y HÁBITOS EN CUANTO AL CUIDADO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE HONDA – TOLIMA" del cual somos autoras.

LILIA DE JESÚS COSSIO DE HERNÁNDEZ

C.C. No. 28'781.759

LUZ ANGELA LARA CORREDOR

C.C.No. 51'726.820

FANNY ELIZABETH MEJÍA RESTREPO

No. 28'812.799

Las políticas públicas son la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología e incluso la ingeniería y psicología. La pregunta central de las políticas públicas es: ¿qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios?

En un estado de derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las leyes de una determinada materia (regulación, educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc.). Éstas deben buscar el logro de los objetivos planteados en el documento de politica publica.

Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son:

El desarrollo social
La economía, la infraestructura carretera la y expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras.
Los planes de desarrollos anuales, quinquenales, etc.
Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y municipales
La administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones
Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados individuales o unidos en agrupaciones regionales: Naciones Unidas, América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos integrales o totales.

Los principales autores en el desarrollo científico de las políticas públicas son: Jean-Claude Thoenig y Vicenç Navarro.

tización de las políticas publicas desde la óptica regional

El objetivo de este artículo es discutir acerca de las Políticas Públicas, problematizar las relaciones entre Política Pública y Sociedad Civil, y finalmente sistematizar algunos aspectos deficitarios de las Políticas en su diseño y aplicación en ámbitos regionales.

Política Publica: Una definición básica
Entenderemos por Política Pública un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil. (1)
Dicho de otra manera, cuando desde el Estado se plantean propuestas de mediano y largo plazo hacia la sociedad civil, existe la necesidad de diseñar y ejecutar programas y proyectos para cumplir los objetivos de interés social, y en ese nivel las políticas públicas desempeñan un rol fundamental.

Por otro lado, una política pública debe estar sustentada en un corpus teórico (filosofía) que oriente los cursos de acción, así como la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades y la asignación de recursos financieros en el ámbito público; de la misma manera la política debe crear los canales para trasmitir flujos de información entre el Estado y la sociedad Civil; finalmente, este instrumento de trabajo debe señalar los objetivos, recursos, señales, límites y plazos para el cumplimiento de las alianzas o acuerdos y llevar a la práctica la propuesta de trabajo.

Conceptualmente, hay que agregar que la política pública está al servicio de los asuntos públicos y/o nacionales, sustentada en la administración pública, y por lo general opera con finanzas públicas. Todas sus fases, desde la idea hasta la ejecución, responden a un proceso integral, donde cada una de estas fases tiene sus propios objetivos, significados y metas, pero el conjunto de las fases deben constituir un proceso total.

Por otra parte, el objetivo central de una política pública es alcanzar objetivos de bien común, y los objetivos específicos de una política tendrán que ver con cuatro alternativas que no son excluyentes: transformaciones estructurales, resolución de problemas sectoriales o temáticos, asignación de recursos y optimización de situaciones.

En ese mismo ámbito, la política pública en el campo teórico debe expresar una visión de sociedad (totalidad e integralidad), así como un planteamiento del rol del Estado respecto a la sociedad.

Desde un punto de vista metodológico la política pública debe originarse y formularse en forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el tema espacial (Internacional, Nacional, Regional, Comunal y Micro - local), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo), considerando además su viabilidad política y financiera. (2).

2. Planteamiento Del Problema

Hoy día, a las puertas del siglo XXI, uno de los principales temas de discusión y análisis es el que se refiere al rol del Estado en el marco de sus relaciones con las regiones. En ese contexto uno de los problemas de mayor trascendencia es la formulación y ejecución de políticas públicas. (3)

Nuestra hipótesis de trabajo plantea que la articulación Estado – Región es una relación compleja y difícil, mediatizada por múltiples factores históricos, caracterizada por la uniformidad administrativa, homogeneidad cultural, centralización de propuestas y acciones, pero también se caracteriza por fracturas y discontinuidades, intereses diversos, y serias falencias en el nivel de la coordinación. Sostenemos, que el aspecto que le da mayor debilidad y precariedad a la relación Estado-Región es el origen, diseño y ejecución de políticas públicas. Ese cuadro, impide avanzar con fuerza en la profundización de la democracia, así como en construir regiones más autónomas políticamente, con mayor potencia económica y con menor nivel de conflictos sociales.

El factor histórico juega un rol fundamental en esta debilidad y tiene que ver con el proceso de cómo se ha construido la relación Estado-Región y el lugar desde donde se originan y formulan las políticas: el centro político y administrativo nacional. Desde allí, las políticas se trasladan para su ejecución a las regiones. Complementariamente, podemos decir que lo antes dicho también tiene relación con la percepción de la elite política chilena en orden a que el país no es mas que la suma de sus regiones y se construye a partir del centro político.

Ese modus operandi, señala que en muchos casos las políticas propuestas no tienen relación con los temas conflictivos que afectan a una región; en otros casos, la política cubre sólo aspectos parciales de un problema; o, no cuentan con la legitimidad de los actores sociales de la región; también ocurre, que las señales entregadas desde el nivel central a los organismos públicos y privados no son claras; en su implementación no se considera la participación de la masa crítica regional, como tampoco, de la población usuaria y/o beneficiaria; así mismo, suele suceder que dichas políticas no tienen relación con los planes, metas o estrategias del desarrollo regional.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar que en las regiones se ha ido construyendo una verdadera "cultura de la subordinación al centro político", el perfil de esa cultura se caracteriza por una permanente autoinhibición para generar políticas, programas y proyectos con importancia estratégica, y por el contrario desarrollan una actitud complaciente, conformista y pasiva, incluso en el ámbito de los liderazgos regionales y de los movimientos sociales.

En síntesis, entendiendo que las políticas públicas son formuladas por el Estado desde su nivel central, se debe reconocer que estas políticas están vinculadas débilmente al aparato estatal en las regiones, consecuencia de lo cual no aportan a la construcción democrática del país, tampoco fortalecen la regionalización y no satisfacen las demandas por el bien común.

Dicho de otra manera, las políticas públicas no cumplen las funciones institucionales, sociales, políticas y/o administrativas que la sociedad espera de ellas, y son un factor de desequilibrio y fuente de permanentes conflictos entre el nivel del Estado y sus regiones antes que de equilibrio, articulación e integración.

En definitiva, para que Chile sea más democrático y sus regiones más potentes, necesita cambiar su lógica de administración y de relacionamiento entre Estado y región, y eso supone revisar críticamente el rol que las políticas públicas han cumplido en nuestra historia. Hay, evidentemente un agotamiento en el origen de las políticas, así como en la forma de diseñarlas, ejecutarlas y evaluarlas.

3. La política publica como articulación del estado y la sociedad civil.

El que hacer político para construir país y/o región, es concentrar el máximo de esfuerzos en pos de los objetivos que se definen como básicos y prioritarios para la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, la tarea crucial es articular el Estado como representación del bien colectivo y depositario de los recursos financieros provistos por todos los habitantes, ente que monopoliza la fuerza física, y como aparato encargado de regular la actividad social, con las necesidades, demandas y expectativas del conjunto de la población; por tanto, el rol fundamental de la política pública es compatibilizar los intereses colectivos con el interés individual, sin perder de vista que la razón sustantiva es alcanzar el bien común.

Esta relación, se enmarca en el mundo de las necesidades sociales y económicas de la población, también de las urgencias políticas, del cambio cultural permanente, de la revalorización de la información y del manejo de símbolos y significados involucrados en la acción pública. De este modo, la compatibilización de lo colectivo y lo individual es una relación que permanentemente se está construyendo y reconstruyendo. Cualquier cambio de la realidad, demandas de un actor social, crisis económica, alteración en la composición demográfica de la población, dificultades en la coordinación de la acción pública, emergencia de conflictos coyunturales, influencia de países vecinos, presiones de los partidos políticos, disputas por el uso del espacio territorial, puede hacer cambiar sustancialmente el acercamiento entre el Estado y la Sociedad Civil, y el daño que se genera se puede expresar en que el Estado no alcanza sus objetivos de mediano y largo plazo, y la sociedad civil tampoco satisface sus necesidades.

Lo que estamos sosteniendo es, que cuando la relación entre el Estado y la Sociedad Civil no es fluida y los problemas entre ambos no se resuelven, se genera una desviación del accionar de la sociedad en su conjunto, es decir, un divorcio entre los intereses que afectan el bien común y los intereses individuales. Obviamente, en ese cuadro no sólo se dilapidan recursos financieros, sino que implica un tremendo desgaste de las energías que la sociedad dispone para resolver sus problemas.

4. Fragilidad de las políticas publicas: una perspectiva regional.

El proceso de formular y ejecutar políticas públicas supone la combinación de un conjunto de elementos debidamente seleccionados y con mucha coherencia entre sí, sin embargo, junto con ello, es necesario tratar de no cometer los errores más frecuentes en el mencionado proceso. Algunas de esas omisiones son:

El catastro ex ante en la formulación de políticas públicas.

El cientista político Eugenio Lahera, señala que el origen de las políticas se encuentra en la agenda pública, en la cual participan actores sociales, relaciones de poder, características del sistema político, relaciones entre Estado y Sociedad Civil. (4)

Lo antes señalado es indiscutible, excepto, agregar que una agenda pública convoca a todos los actores y todas las instituciones, sobre la base de resolver necesidades y demandas insatisfechas que tienen tanto el Estado como la Población; en consecuencia, un punto ineludible es ¿Cómo se detectan esas demandas y necesidades del Estado y de la sociedad civil que, posteriormente, dan origen a la agenda y consecuencialmente a la política pública?.

Sostengo, que en el origen de las políticas públicas existe un divorcio y/o lejanía entre quienes diseñan la política, respecto a quienes pueden ser beneficiarios (e, incluso administradores de esas políticas en terreno). Al tenor de lo antes señalado, se entiende que actualmente, el origen de las políticas debe asociarse al interés de grupos parlamentarios, grupos o partidos políticos, al ejecutivo con sus dependencias sectoriales, agrupaciones de intelectuales, asociaciones empresariales, etc. Es decir, se origina en las presiones que actores e instituciones con algún tipo de influencia y cuya posición está en el centro de la constelación del poder.

El divorcio entre quienes formulan y quienes son beneficiarios es comprensible y no podría ser de otra manera. En Chile, así como en otros países (Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela), no existe un sistema de captura de información de las necesidades de la población y/o del Estado; dicho de otra manera, no existe capacidad de prospectar temas emergentes y conflictivos que pueden alterar la coordinación del Estado o que puedan afectar las condiciones de vida de la población. En síntesis, al interior del aparato estatal no hay una masa crítica cuya función sea la elaboración de catastros de temáticas conflictivas y sobre las cuales se puedan diseñar políticas públicas. En consecuencia, y ante esa falencia, las decisiones respecto al tipo de políticas a implementar obedecen a visiones, información e intereses de quienes detentan el poder central o de quienes tienen mayor capacidad de influir en el centro del país. Por otra parte, el Estado no deja que al interior de las sociedades regionales se constituya una masa crítica capaz de cumplir esa función, pero tampoco las regiones son capaces de generar y potenciar una masa crítica capaz de responder a esa tendencia.

Resumiendo, no hay un sistema de detección ex ante de las necesidades, demandas, conflictos o problemas que afectan al Estado o la sociedad civil; al no existir esa forma de prospección social, tampoco los problemas pueden ser ordenados señalando prioridades en el tiempo: corto, mediano y largo plazo; y, tampoco pueden ser ordenados en función del espacio: nacional, regional, comunal, micro local.

En consecuencia, la formulación de la política pública se origina y diseña sobre la base de la intuición, del lobby o presión política, del análisis coyuntural, de las presiones de los medios de comunicación de masas, y en última instancia en el análisis de las megatendencias universales.

La negociación de las políticas.
Si entendemos la definición de la política pública respaldada por un corpus teórico o filosofía que orienta la acción y que, al mismo tiempo, entrega señales para establecer alianzas, acuerdos y caminos, es indudable que la formulación de políticas, es resultado de un intercambio de opiniones, rondas de diálogo, negociaciones, acuerdos y compromisos donde participan diferentes actores y tratan de compatibilizar intereses diversos. En la perspectiva regional ese proceso de construcción de políticas no existe ya que, por lo general, las negociaciones, acuerdos y compromisos entre diferentes actores no se realizan en los espacios regionales, y habitualmente, es un proceso donde sólo hay participación de los niveles centrales.

En consecuencia, la política en su dimensión de la negociación obedece a lógicas del nivel central, soslayando y/o subvalorando no sólo la capacidad de los actores sociales regionales para negociar y alcanzar acuerdos y compromisos, sino también, indica que la filosofía que impera y las señales que ésta entrega son clara expresión de que las políticas provienen de un nivel y una estructura muy diferente a la regional.

La legitimación de las políticas.
Existe consenso, en orden a que un elemento que puede garantizar el éxito de una política, es el compromiso que ésta genera en quienes serán participantes y/o beneficiarios de dicha política. Cuando hablamos de compromiso nos estamos refiriendo al nivel de acercamiento afectivo y emocional entre ciudadano y política pública. Si no hay ese entendimiento o complicidad, es indudable que la política tendrá un déficit importante.

En ese contexto, hay dos elementos que son relevantes.
Por una parte, para que haya identificación del ciudadano con la política, ésta tiene que estar ubicada en una perspectiva de resolución o satisfacción de problemas que afectan a toda la población, es decir, los beneficiarios deben visualizar en esa política un esfuerzo serio por acercar los ámbitos del Estado y de la sociedad civil.

En seguida, en la formulación de políticas debe existir una fase asociada a la difusión, cuyo objetivo sea vincular al Estado con los ciudadanos en una dimensión no sólo racional, sino también afectiva. En consecuencia, si se genera un programa de difusión orientado a las personas, que reconozca sus necesidades, hábitos, identidades, símbolos y significados propios, así como su entorno y que aluda a sus capacidades y falencias, sólo de esa manera podremos hablar que una política se legitima en la población, y es asumida y encarnada por los ciudadanos.

En esa perspectiva observamos, por lo general, que cuando una política pública se difunde, se hace solamente en una lógica instrumental, aludiendo a una relación medios a fines y haciendo abstracción de cualquier otra consideración; en esa dimensión, el ciudadano se encuentra muchas veces con una propuesta carente de significados, de atractivos y que no lo convoca.

Por otro lado, las políticas no son asumidas por los ciudadanos como algo propio, que los interprete y los motive a la acción ya que, generalmente, las políticas hacen caso omiso de las diferenciaciones regionales. No es lo mismo, una política de superación de la pobreza en la región de Antofagasta que en la Araucanía; no es lo mismo, una política de fortalecimiento institucional en Arica o Putre que en Santiago o Concepción; también, debemos diferenciar entre una política de recursos hídricos orientada a Iquique o Chiloé. En esta situación, es esencial considerar que la formulación de una política no puede interpelar a los ciudadanos de este país de una misma manera, los problemas pueden tener, incluso, la misma dimensión cuantitativa, pero sin embargo, cualitativa, estructural e históricamente ser muy diferentes.

Si hay una política pública que habla a todos los ciudadanos por igual, expresará un déficit en la propuesta del mensaje y, en consecuencia, surgirán problemas de legitimidad de los ciudadanos respecto a esa política. No basta el hecho de formular una política y que ésta emane desde el nivel central para que, automáticamente, sea aceptada por la sociedad civil.

La evaluación ex post de las políticas públicas.
En el inicio del trabajo hemos planteado que la política pública tiene como principal función relacionar al Estado con la sociedad civil. Por lo tanto, podríamos sostener que la mejor manera de evaluar una política pública es indagando varias cosas: primero, si se generó acercamiento entre Estado y sociedad civil, y habría que preguntarse qué tanto es el acercamiento entre los niveles de lo colectivo y lo individual; segundo, en qué orden de cosas se expresa ese acercamiento; tercero, si el Estado logró los objetivos que se había fijado respecto a los ciudadanos, es decir, si el proceso de toma de decisiones, las prioridades, la asignación de recursos financieros, las alianzas y acuerdos, así como la información traspasada se alcanzó; cuarto, también nos debe interesar si la sociedad civil reconoce que sus expectativas, demandas y problemas han sido resueltos o están en vías de resolverse.

Respecto a lo antes formulado hay que señalar que en Chile, así como en otros países de América Latina, no existe un sistema de evaluación ex post, es decir, no hay un sistema o procedimiento de evaluación una vez ejecutada la política. Dicho de otra manera, cuando se ejecuta una política pública la única evaluación que se hace es la que se refiere al tema presupuestario y que, por lo general, se reduce a saber si los recursos fueron efectivamente invertidos en los ítems presupuestados, pero, respecto a los logros políticos, sociales, culturales o económicos, tanto el Estado como la Sociedad Civil se quedan en la incertidumbre del conocimiento y la consecución de logros se mantiene en la nebulosa. Valga como ejemplo, el caso de la región de Tarapacá, que de acuerdo a su política habitacional y porcentualmente hablando, es una de las regiones en que más viviendas se construyeron entre los años 1990 – 2000, sin embargo, no existe información por parte del Estado respecto si el nivel cuantitativo y cualitativo de construcción ha impactado positivamente en la población, desconociéndose la opinión respecto si perciben que su calidad de vida está mejorando, o si tienen una mayor participación en el crecimiento económico regional o si hay mayor participación en la democracia; en definitiva, tanto el Estado como la sociedad civil tienen un sólo elemento claro: se construyeron más casas, pero, no se sabe si se han satisfecho las expectativas y necesidades de la población; tampoco se sabe si la política habitacional ha generado impactos o externalidades negativas.

Desde la óptica regional, hay que reconocer que existen los recursos humanos para realizar estas tareas de evaluación, también los recursos financieros y la experiencia necesaria, sin embargo, el problema es que cualquier evaluación de política pública, para ser válida y legitima, debe responder a instrucciones del nivel central. En consecuencia, se produce la siguiente paradoja: mientras las evaluaciones de la política pública se reconocen como válidas solamente si las propone el nivel central, las consecuencias e impactos negativos, las dificultades y errores se expresan en la sociedad civil regional.
En ese contexto, y para ser ecuánimes, hay que señalar que la sociedad civil regional, tampoco ha sido capaz de levantar propuestas para tener un mayor protagonismo en esta tarea.
Finalmente, hay que señalar que la evaluación ex post, cuando se hace correctamente, es un insumo importantisimo para una buena evaluación ex ante.

La preparación de los marcos presupuestarios:
El contexto en que se generan y ejecutan las políticas públicas suele caracterizarse, además, por otra fragilidad que surge en el nivel financiero - presupuestario.

Las políticas públicas suponen grandes desafíos en la construcción de una región y esos desafíos se resuelven con recursos financieros que no son descentralizados, y las regiones deben bregar fuertemente con Santiago para alcanzar parte de los recursos, los que son entregados a través de mecanismos sectoriales y en la mayoría de los casos muy centralizados. Pero, la situación que otorga mayor fragilidad al diseño e implementación de políticas públicas es que el presupuesto para su ejecución se elabora en Santiago y, muchas veces, con información incorrecta o incompleta. (Caso típico es el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, año 1994; en el caso de la región de Tarapacá se conoce la situación de la Ley Arica I y la política deportiva impulsada por DIGEDER; en las regiones de Antofagasta y Copiapó, son ejemplo los planes de fomento a la pequeña y mediana minería).

En síntesis, elaborar y preparar los marcos presupuestarios, desde arriba hacia abajo o desde el centro hacia la periferia, genera mucha fragilidad en la aplicación de políticas públicas en el ámbito regional.

La información para diseñar las políticas públicas:
La formulación de una política pública requiere estar respaldada en información cuantitativa y cualitativa adecuada, que debe provenir de las más diversas fuentes. Esta información debe respaldar adecuadamente la definición del problema o el motivo de la política; la identificación de los recursos financieros y su disponibilidad; los programas, proyectos o acciones que indirectamente forman parte de la política; los recursos humanos involucrados en el trabajo de terreno; los indicadores para definir metas y plazos; la necesidad de contar con información histórica respecto a intentos previos o similares que se hayan ejecutado; además, hay que disponer de información sobre los indicadores macroeconómicos y sociales que contextualizan la política y que pueden alterar su desempeño o desviarla de sus objetivos; por último, se debe tener la suficiente información de la población objetivo que se pretende alcanzar (por sexo, edad, nivel educacional, ingreso económico, sector residencial, acceso a beneficios sociales, etc.).

La debilidad en el diseño de políticas públicas surge cuando hay que ordenar y procesar la información que respaldará esa política. Los problemas dicen relación con: primero, por lo general, la recopilación de la información se hace a partir de fuentes documentales no regionales; segundo, la información recopilada, muchas veces, no cubre todas las áreas que pretende alcanzar la política; tercero, en reiteradas ocasiones se observa que la información no es actual así como tampoco es homogénea; cuarto, cuando se recurre a fuentes existentes en la región, usualmente, la información que se obtiene es muy fragmentada, dispersa, heterogénea y desfasada; quinto, se hace uso y abuso de información cuantitativa, y no se utiliza ni se incorpora al análisis la información de tipo cualitativa que identifique, por ejemplo, entre otros elementos: contexto histórico, perfil cultural, identidades colectivas, patrones habitacionales, patrones de consumo, etc.

5. Conclusión

Nuestro país vive hoy día una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida; por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos públicos y privados.

En esa relación, tenemos que coincidir que no hay equilibrio: nuestros desafíos no concuerdan con la forma como hacemos las cosas; nuestros problemas tratamos de resolverlos con una estrategia o modo de hacer donde no prevalece la sistematicidad y coherencia, tampoco la disciplina de trabajar con arreglo al mediano y largo plazo. Este es un país que desaprovecha muchos recursos existentes (financieros, humanos, territoriales e institucionales). En ese contexto tenemos la necesidad de generar un equilibrio entre los desafíos y una forma adecuada de hacer las cosas.

En esa perspectiva, quiero plantear algunas consideraciones finales.
a. Las Políticas Públicas son de interés, tanto para el Estado como para la toda la sociedad. El origen y desarrollo de ellas se caracteriza por la complementariedad y transversalidad entre ambas esferas.
b. Hay que poner en discusión, en la agenda pública, el corpus teórico que respalda las políticas Públicas aplicadas en Chile. De hacerlo así, estaremos discutiendo no sólo el tipo de sociedad que queremos, sino también, los principales problemas de la sociedad chilena y cuya persistencia afecta la relación entre Estado y Sociedad Civil.
c. Hay que abrir un espacio de discusión sobre el impacto de las Políticas públicas en la dimensión territorial, es decir, qué tipo de políticas debe aplicarse a nivel nacional, cuáles en el nivel regional, así como las especificidades de las políticas en el ámbito comunal y local.
d. Uno de los principales desafíos será analizar, desde una perspectiva intra – región, las potencialidades para asumir nuevos desafíos no sólo en la administración política, sino también, en el tema de los manejos presupuestarios; como asimismo en la administración y formulación de Políticas Públicas. En este sentido, las universidades mantienen, en regiones, una deuda pendiente con relación a formar e impulsar una masa crítica que contribuya a resolver el nivel de contradicción entre el centro y las regiones.
e. Es imperativo elaborar Sistemas de Información Social, cuyo objetivo sea fortalecer las capacidades regionales, y facilitar las tareas de seguimiento de las políticas públicas, pero también resolver el tema de las necesidades ex ante y que originan estas políticas. El rol de estos sistemas de información puede ser múltiple y un relevante instrumento de trabajo en los temas de regionalización y descentralización.
f. Desde un punto de vista teórico, los actores sociales deben discutir y analizar no sólo el rol del estado en la nueva era de la globalización, sino también, analizar en una mirada retrospectiva y prospectiva el que hacer del aparato público en el diseño de las Políticas públicas, y discutir el rol de la Sociedad Civil en ellas. (4)
g. Desde un punto de vista metodológico, hay que generar nuevas estrategias y planteamientos respecto a las políticas públicas, en especial, tratando de compatibilizar diseño y participación; metodológicamente, también hay que innovar en varias
cosas: el tipo de información que se utiliza, definir nuevas responsabilidades para las regiones, plantear nuevas formas de contrl. En este aspecto el tema central pareciera ser ¿Cómo la sociedad civil se incorpora en el proceso de toma de decisión?.

6. Notas Bibliográficas

Entenderemos por Estado la sociedad organizada políticamente; en tanto definiremos como Sociedad Civil al conjunto de organizaciones sociales o culturales; territoriales o funcionales; empresariales o sindicales; voluntarias, no gubernamentales o independientes, es decir, la variedad pluralista de organizaciones cuyo fin último no tiene que ver con el tema del poder.
Es interesante leer el texto INTRODUCCION A LAS POLITICAS PUBLICAS, 1999, CEPAL, del cientista político Eugenio Lahera, que aporta una interesante perspectiva y buenos argumentos en está temática.
Muchos conceptos empleados se encuentran en el DICCIONARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA CHILENA, 1997, SUBDERE.
Eugenio Lahera, Introducción a las Políticas Públicas, 1999, CEPAL, CHILE.
Una discusión interesante mantiene Heraldo O. R. Laguzzi en POLITICAS Y DESARROLLO COMUNITARIO. En: "Las políticas Culturales en América Latina: Una Reflexión Plural". Jorge Cornejo Polar (Editor); Ediciones APPAC, Perú, 1989.

Políticas públicas: Conjunto de decisiones cuyo objeto es la dis-

tribución de determinados bienes o recursos. En este proceso se

encuentran en juego bienes o recursos que pueden afectar o pri-

vilegiar a determinados individuos y grupos.

Las

políticas públicas se refieren a acti-

vidades materiales o simbólicas que

gestionan las autoridades públicas.

Esta primera definición se centra

en dos elementos. El primero se

relaciona con la determinación de

los principales actores de las políti-

cas: las autoridades públicas. El se-

gundo nos revela que como políti-

cas públicas, debemos tomar en

cuenta acciones concretas y ele-

mentos aparentemente insignifican-

tes, tales como los simbólicos.

Para entender este último

punto, proponemos una segunda

definición retomada de Thoenig

(1985) que se refiere a "lo que los

gobiernos deciden realizar o no rea-

lizar". Cabe aclarar que no estamos

afirmando que el no actuar es una

política pública, sino que queremos

hacer énfasis que la decisión de no

actuar ante un determinado proble-

ma conforma en sí una política pú-

blica. Por lo tanto, existen defini-

ciones que integran ambos elemen-

tos y consideran que una política

pública no es solamente una acción

concreta, puede ser una acción sim-

bólica o un no-programa.

Otro elemento clave de defi-

nición se refiere a un conjunto de

decisiones cuyo objeto es la distri-

bución de determinados bienes o

recursos. Esta propuesta nos recuer-

da que una política pública no es

una acción aislada, una medida apar-

tada, además de mencionar que en

este proceso se encuentran en jue-

go bienes o recursos que pueden

afectar o privilegiar a determina-

dos individuos y grupos.

Finalmente Larrue (2000: 20)

propone la siguiente definición de

las políticas públicas: "Una conca-

tenación de actividades, decisiones

o de medidas coherentes por lo

menos en su intención, y tomadas

principalmente por los actores del

sistema político-administrativo de

un país con la finalidad de resolver

un problema colectivo. Estas deci-

siones dan lugar a actos formaliza-

dos, de naturaleza más o menos

coercitiva, con el objetivo de modi-

ficar el comportamiento de "grupos

que conforman blancos", los cuales

se encuentran supuestamente en el

origen del problema por resolver".

Carateristicas

Características clave de las políticas públicas: comparación entre regiones (utilizando datos internacionales)
(escala 1-4 )

Fuente: Stein y Tommasi (2005) y Foro Económico Mundial (varios años).

Características de las políticas públicas socialista:
En su estudio las políticas públicas tiene un conjunto de características, que son comunes para cualquier formación económico social resumidas en (Pons; H. 2000).
Contenido: La actividad política se identifica bajo la forma de una sustancia, de un contenido. Se movilizan recursos para generar resultados o productos, los que el analista examina como un problema de investigación para la acción, y reciben un proceso de elaboración, tratamiento y acción particular.
Un programa: Una política pública no se reduce a un acto concreto considerado aisladamente, existe un marco más general en que se integran esas actividades. Aunque el marco no este explícitamente definido debe poder distinguirse su articulación de los actos una estructura relativamente permanente de referencia u orientación.
Una orientación normativa: Se presupone que la actividad pública no es la resultante de respuestas aleatorias, sino de la expresión de finalidades y preferencias que el decisor conscientemente o no, voluntariamente o influido por distintos intereses y circunstancias, no puede dejar de asumir. Los actos traducen orientaciones, satisfacen determinados intereses, portando ciertos valores, tendiendo hacia objetivos específicos.
Constituyen un factor de coerción: La actividad pública procede de la naturaleza autoritaria en que se haya investido el actor gubernamental. En otras palabras, éste posee una legitimidad que es la de la autoridad legal, o ejerce una coerción que se apoya en el monopolio de la fuerza. Por ello el acto público se impone, está habilitado en tanto que expresión de las potestades públicas (Easton; D.1965).
Tiene una competencia social. La política pública se define por su competencia, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los intereses y los comportamientos de los administrados. Esta noción, no puede reducirse a un enfoque jurídico: por ejemplo, al sector bajo la tutela del Estado. La concepción es más amplia. Un administrado es todo individuo cuya situación está, directamente o no, influida por la acción pública. De otra manera, el público, los individuos, grupos e instituciones que componen el campo de la acción gubernamental considerada.
Existen diferentes criterios, enfoques conceptuales que están presentes a partir de la forma más general, concebida como política en su contenido tradicional, en que se inscribe el conjunto de asuntos que interesan al Estado. De ahí que las políticas puedan ser (CEEP.; 2001:17).
Política Pública Global: Se manifiesta como un conjunto de decisiones que abarca su contenido en un contexto global a nivel de toda la sociedad.
Política Pública Ramal o Sectorial: que se aplica en determinada esfera de actividad socio económico, como la educativa, de salud, medio ambiental, de seguridad social, y otras.
Políticas Públicas Institucionales: Lineamientos que guían y enmarcan el proceso de gestión de una entidad o forma organizativa no productiva. Enunciados o acuerdos sobre entendidos que encauzan el pensamiento y la acción en la toma de decisiones acerca del espectro en que actúa. O sea, limitan el área en que deben de adaptarse y aseguran la coherencia con los objetivos.
Políticas públicas empresariales: Lineamientos que guían y enmarcan el plan de la empresa. Ese plan se convierte en el instrumento por excelencia de la política empresarial, en tanto establece y fija los derroteros de la actividad. En ese caso, puede considerarse como el eslabón que articula la política de la empresa con los intereses que se expresan en las políticas macroeconómicas y meso-económicas. En ese contexto los enunciados o acuerdos sobreentendidos que encausan el pensamiento y la acción en la toma de decisiones, se convierten también en las fronteras que delimitan el área en que se asegura la coherencia con los objetivos determinados y definidos.
El proceso de política pública se desarrolla de forma cíclica, en el que determinadas etapas han de ser cubiertas para llevar a buen término la solución del problema que se intenta resolver, con el conjunto de acciones o medidas que se aplican. (Ver Figura 1)
Como se refleja en la figura 1 la última fase del ciclo que recorre la política pública referida a la evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de la misma, conduce a un peldaño superior en el desarrollo del proceso de administración pública socialista, donde se van a identificar nuevos problemas y otros resurgentes que necesitan del diseño de una nueva política pública, de ahí que es necesario iniciar por la primera fase del ciclo. Es decir la identificación de problema que en ese caso pudiera ser un nuevo problema como resultado del impacto de la dicha política en la sociedad o tratarse de un problema resurgente. En ese sentido el movimiento cíclico que recorre una política pública se manifiesta en forma de espiral.
Figura 1: El ciclo de la política pública socialista

Fuente: Elaboración propia a partir de: Manuel Tamayo Sáez. "El análisis de las políticas públicas". Editorial Alianza Universidad Texto Madrid. 1997: 282
El ciclo o proceso de las políticas públicas es una construcción conceptual que no tiene el porque ocurrir en la realidad. No todas las políticas públicas de los gobiernos siguen ese proceso en todas sus fases, e incluso con frecuencia algunas alteran el orden. A partir del carácter dinámico que tienen las políticas públicas por una parte y por otra porque los problemas en ocasiones son resurgentes y los recursos disponibles para darle solución son cada ves más limitado. (Tamayo; M. p 283: 1997)
. Es importante para un analista de política conocer qué hacer en cada una de las fases del mismo, (Ver Recuadro #1)

Análisis de las fases del ciclo de políticas públicas

Fases	Características
Identificación y Definición problema	Los analistas buscan la esencia del problema, las causas que lo originaron, así como las consecuencias que pudieran darse de no existir una correcta definición del mismo. Los gestores de política deben de ser conscientes de que su visión del problema es sólo una de las posibles y no tiene por qué ser siempre la más correcta. La definición constituye un sistema de vigilancia central o mecanismo de control que impacta el éxito de todas las fases subsecuentes del análisis de políticas públicas
Formulación de alternativas	La definición constituye un sistema de vigilancia central o mecanismo de control que impacta el éxito de todas las fases subsecuentes de análisis de políticas públicas. La fase de formulación es una tarea exclusiva de los actores públicos, la responsabilidad sobre la decisión final y el diseño de la política permanece en manos del gobierno. Ordenar las alternativas de modo que se pueda saber cuál es la adecuada
Adopción de una alternativa	La adopción de una alternativa es el momento en que se tiene en cuenta si técnicamente, políticamente, socialmente la alternativa seleccionada es viable. Se da solución al problema que la generó. Si responde a los objetivos y metas trazadas teniendo presente un costo mínimo en su implementación. Sí el impacto de la alternativa seleccionada no trae efectos negativos para el entorno en que fue adoptada.
Implantación de la alternativa seleccionada	En esa fase se tiene en cuenta quién es responsable de la implantación. Cuando un ciudadano entra en contacto con la organización pública y es responsable de distribuir los bienes y servicios de una política concreta. es importante que los gobiernos tengan presente la participación popular en el proceso de toma de decisiones, así como los instrumentos de política a utilizar. Aquello deviene en que las políticas han de ser especificadas en términos de objetivos concretos y de definición de resultados.
Evaluación de los resultados obtenidos	La evaluación es la última fase del proceso de política pública y puesto en el proceso cíclico constituye la primera revisión del problema que puede dar lugar al diseño de una nueva política o cambios en la existente. Lo más común en la evaluación es la introducción de variaciones en la política o la adopción de otra. En esta fase se conoce si el problema que motivó dicha política se solucionó. La evaluación de una política está determinada por la apreciación de los efectos resultantes de una intervención del gobierno en un campo de la vida social y el entorno físico. La evaluación proporciona la información viable y válida sobre la actuación de la política, es decir, hasta que punto se han comprendido las necesidades, valores, y oportunidades a través de la acción pública.

Fuente: Elaboración propia a partir de Manuel Tamayo Sáez "El análisis de las políticas públicas" 1997 "La nueva Administración pública" Editorial Alianza Universidad. Texto Madrid.1997;

El análisis de política Pública constituye una investigación para la acción, implica todo el proceso de la política pública que puede centrarse en:(Pons; H., González; E.2000)

Los aspectos externos de la administración pública, preocupándose por el problema a tratar, sus dimensiones, la gravedad del mismo, el número de personas a las que afecta.
La implicación y comportamiento de los actores sociales críticos con intereses en el proceso de política.
Los objetivos y las metas, interesándose por conocer las adecuaciones entré las previsiones y los logros.
Los medios utilizados- recursos humanos, financieros, organizativos y tecnológicos para desarrollar la política.

El análisis de políticas públicas es anticipativo e incluye en él las posibles alternativas de políticas públicas en relación con los numerosos problemas que existen en la sociedad.

Xavier Ballart; (Ballart, X. 1992: ;44), plantea que el análisis de políticas públicas se propone, como disciplina científica que produce información útil para el proceso de toma de decisiones sobre las respuestas institucionales que merecen situaciones de juzgadas problemáticas (Noche, 1982:19) por otra parte William N. Dunn, uno de los autores más citados en asuntos de análisis de política sugiere que estas producen informaciones que tiene una alta relevancia a nivel de toma de decisiones, en torno a las políticas públicas a aplicar y que pueda ser utilizada para resolver problemas en circunstancias políticas concretas.

William N. Dunn ( Dunn, W.1993;13) enfatiza en el análisis de política pública como una disciplina aplicada de las ciencias sociales, que usa métodos múltiples de examen y de argumentos para producir y transformar la información política relevante, que puede utilizarse en escenas políticas, para resolver problemas públicos, es probablemente el más simple e idóneo[7]

De todo el proceso de la administración pública, el análisis de política pública puede reclamar la parte más significativa como cuerpo de conocimientos, de técnicas, y de influencia en la formulación de política. El análisis de política pública también muestra el mismo tipo de complejidad que la política misma.

Las disciplinas científicas además de caracterizarse por su problemática, también lo hacen por sus métodos. Este designa el estilo de análisis, es decir, las formas de razonar, de conducir las ideas y vuelta entre cuestiones generales, temas específicos, los problemas, los hechos. Las perspectivas de las políticas públicas poseen, desde ese punto de vista un arsenal analítico que le es propio.

De allí se infiere la necesidad de que el análisis de política pública sea sistemático y coordinado debido a que el mismo nos permite conocer las consecuencias que trae la aplicación de una política pública dentro de la sociedad así como la cadena de los efectos previsibles que tiene la aplicación y el impacto en la sociedad de dicha política pública.

En el análisis de política pública Patton & Sawicki (1993:53) identifica seis pasos a tener en cuenta por el analista de política, con los cuales se consideran viables para el desarrollo del proceso de administración pública socialista:

Verificar, definir y detallar el problema.
Establecimiento de criterio de evaluación.
Identificación de políticas alternativas.
Conjugación y distinción de políticas alternativas.
Monitoreo de la política implementada.

En esos pasos debe de existir una interrelación y coordinación que se refiere a la capacidad para articular acciones en el marco de unas políticas y de un entorno decisorio, que puede ser de naturaleza ínter organizacional e intergubernamental, ahí se hace imprescindible el control de la actividad. (Longo, F. y Echevarria, K.: 2001).

Las políticas públicas en la construcción del socialismo.
Por otra parte las políticas públicas solo tendrá sentido si se logra una adecuada interrelación con la esfera productiva, por ser esa la base y punto de partida para mejorar la calidad de vida de la sociedad. (M. Castro 2003:107) Eso último se hace realidad en la construcción del socialismo donde la producción de bienes materiales de la sociedad se realiza sobre la base de la existencia de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción con el objetivo de lograr de forma eficiente la solución de los problemas de la sociedad al poner en práctica políticas públicas eficaces y efectivas.

En el proceso de desarrollo de la administración pública socialista, la política económica va a constituir la columna vertebral del diseño de políticas públicas. Lo anterior responde a que la política económica se puede clasificar como una política global y rectora en su propia concepción, atendiendo a que en ese sistema el diseño de la política económica considera los objetivos e intereses, económicos, sociales y políticos de la sociedad en su conjunto y privilegia los que son requeridos por la parte mayoritaria de la misma. Según (Rodríguez, J.L) en la política económica interviene el factor consciente, el factor humano, en la interpretación de las leyes económicas en función de alcanzar el objetivo propuesto (Rodríguez,J.L 1999:122).
En esta sociedad el Gobierno mediante la política económica puede ejercer su influencia directa en la regulación, planificación y desarrollo de la economía del país. Lo cual obedece a la existencia de la propiedad social socialista sobre los medios fundamentales de producción. De ahí que el gobierno impone el derecho de propiedad de forma real y objetiva representando los intereses de la mayoría de los miembros de la sociedad. En la construcción del socialismo el pueblo[8]trabajador y el gobierno son una misma cosa a diferencia del capitalismo, bajo el cual, el gobierno goza de una autonomía relativa que puede ser entendida como su capacidad para actuar o adoptar un conjunto de decisiones que respondan a una parte de la sociedad, siempre y cuando no entre en contradicción con los intereses individuales de los propietarios privados
El grado de realización de la propiedad social socialista es aun inmaduro como se había anotado con anterioridad, lo cual se sustenta en el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Eso hace inevitable la presencia del carácter heterogéneo de las relaciones de propiedad y la existencia de los diferentes tipos socioeconómicos en la economía en esa etapa, como algo inherente a la construcción del socialismo.
Entre la propiedad socialista y el sistema de relaciones de producción socialistas existe una íntima unidad dialéctica. La propiedad socialista penetra todo el sistema de relaciones de producción e imprime su carácter específicamente socialista a cada uno de los elementos que lo integran y a todo el sistema en su conjunto. Constituye, por ende, la base del sistema. De ello que cada uno de los elementos integrantes del sistema aparecen como un momento necesario de la manifestación del contenido de la propiedad socialista. Al mismo tiempo, la propiedad socialista solo puede existir y realizarse en y por medio del sistema de relaciones de producción socialistas. Fernández, A.2002:128)
Esto significa que la existencia de la propiedad socialista como una relación económica real no es el resultado automático de la apropiación de los medios fundamentales de producción por la sociedad, sino que es el fruto del largo proceso de socialización efectiva de la producción. En la medida en que se consolida y perfecciona el sistema de relaciones de producción socialistas, se eleva el grado de madurez de la propiedad socialista y su manifestación es cada vez más plena. (Fernández, A.2002:128).
Los aspectos antes expuestos brindan una clara visión de lo complejo que se hace el diseño y aplicación de la política económica la cual tiene que ajustar el conjunto de políticas públicas con una adecuada interacción entre ellas que posibilite una eficaz y racional utilización de los recursos económicos, financieros y humanos, que conduzcan a lograr un impacto en la sociedad que se exprese en el aumento de los niveles de vida de sus miembros.
Las características de la propiedad social socialista hasta aquí planteadas no limitan la participación e implicación de la gran mayoría de los miembros de la sociedad, en la implementación de políticas públicas y programas públicos coordinados y concebidos por el gobierno, en función de los intereses más generales de la sociedad. Lo cual se expresa en el autogobierno social que se materializa en la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones[9]teniendo presente que el Estado representa los intereses de la parte mayoritaria de la sociedad. Y por otra parte desde el punto de vista teórico toda política pública consiste en la distribución autoritaria de valores. Al respecto destaca el científico David Easton "No importa a qué nivel de gobierno, el análisis y la formulación de política es un proceso por el que el estado reconoce los valores correspondientes a los miembros de la sociedad, analiza las diversas posibilidades de acción para enfrentar necesidades o evaluar alternativas respecto a esos valores, y acometer la acción" (Easton; D.1965).
El objetivo de las políticas públicas no está circunscrito solamente a las transformaciones de la esfera económica, sino también en la vida social, política, ideológica, moral y cultural del hombre. En ese sentido se establece una estrecha vinculación entre política y economía. Como se había planteado con anterioridad en esta relación la política constituye el fundamento y factor condicionante de la formulación de políticas públicas. La política debe tomarse como práctica y como proyecto. Debe ser capaz de ir más allá de la política de los políticos, planteándose ante la vida misma de las personas, el ayudarlas a responder a las necesidades y valores socialmente instituidos, así como a crear un sentido común para la vida. Es en ese sentido que el hacer política debe verse como una actividad dedicada a ocuparse de las cuestiones fundamentales de la sociedad (Nogueira M. 2000).
En ese análisis tener presente la política, como pública, es alcanzar una nueva idea del desarrollo donde ésta articula con la economía, manifestándose así la relación política-economía, siendo esa última determinante. Ese fundamento teórico no implica que el proceso político no tenga un importante papel en la elección de la dirección económica de un país. La política económica puede no ser solo una cuestión para expertos técnicos, sino que en ella se implican otros actores de la sociedad. Esa relación funcional y cuantitativa entre política y economía se expresa en:

Lo cuantitativo, al evidenciarse las limitaciones de recursos para el despliegue de los programa sociales tales como se conciben y la imposibilidad de mantener el sector público como único proveedor de bienes y servicios. Teniendo como constante la utilización eficiente y eficaz de los recursos.
En lo funcional las acciones de política social deben ser tales que, además de brindar beneficios, involucren como entes activos a la mayoría de los distintos actores sociales, con sus particularidades y potencialidades, en un círculo vicioso que refuerce los efectos positivos de las reformas económicas que se van desarrollando por parte del Estado. El conjunto de políticas públicas de las cuales necesita la política económica en su implementación y a lo cual se hacía alusión con anterioridad, constituye el fundamento de la política social. Esta política desempeña un papel decisivo en el cumplimiento de los objetivos del socialismo, como un tipo de política pública global del gobierno que tiene que ver con el quehacer cotidiano y accesible de las personas y sus derechos sociales[10]Manifestándose de esa manera en el diseño de la política económica una subordinación de lo económico a lo social donde existe un relación dialéctica entre la política social y la política económica.

Otro aspecto a tener presente, por sus particularidades en esta sociedad es el objetivo máximo de la sociedad misma donde el Estado trata de elevar al máximo el bienestar social, y dentro del sistema de intereses, el social se impone sobre los colectivos e individuales, haciendo que en el actuar del gobierno se reflejen de forma general la solución de los problemas sociales.

Desde el punto de vista general todos los individuos tienen los mismos derechos y se hallan en situaciones de igualdad con respecto a los medios de producción, lo cual genera un tipo de interés
económicamente nuevo al interior de toda la sociedad.

En lo particular en la organización interna de la sociedad se manifiestan las diferencias particulares de los hombres lo cual es un aspecto a tener presente en el diseño de la política económica y por consiguiente del resto de las políticas públicas, debido a que en este proceso siempre esta presente el factor subjetivo, la conciencia del analista de política pública.

Es conveniente resaltar, que la sociedad socialista en formación no es un ente abstracto, sino el conjunto de relaciones que se forman entre sus miembros sobre la base de la propiedad común de los medios de producción. Por lo tanto, el interés social no puede tener una existencia independiente, pues no es más que el interés de los trabajadores como miembros de la sociedad, a diferencia de sus intereses como miembros de determinados colectivos laborales y como individuos.

El carácter no antagónico de los intereses económicos propios de la economía socialista, brinda la posibilidad de resolver las contradicciones que existen entre ellos mediante su conjugación armónica. Es aquí donde se pone de manifiesto el papel rector del interés social. El dominio de la propiedad condiciona la necesidad de que los intereses personales y colectivos de los trabajadores se supediten al interés social pero esta supeditación no significa su no realización, significa que su realización debe efectuarse de modo que contribuya a la realización social. Existiendo de esta forma un fuerte protagonismo social en el diseño de políticas públicas, lo que hace que se creen las verdaderas condiciones para el perfeccionamiento del proceso de administración pública socialista desde el subdesarrollo.